Jiménez Barrios destaca que la Ley de Transparencia convertirá a cada ciudadano en «auditor» de las políticas públicas

viernes, 21 febrero 2014 | Publicado en la categoría Novedades | No Comments »

El consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, ha destacado que la Ley de Transparencia va a permitir que “cualquier ciudadano se pueda convertir en auditor de las políticas públicas”. El consejero ha inaugurado las III Jornadas Gobierno Abierto y Open Data, en las que ha estado presente el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Andalucía (COITT-A), y organizados por la Universidad Pablo de Olavide y el grupo Open Kratio, con el objetivo de debatir sobre los principios de la transparencia y su aplicación en las instituciones públicas.

En su intervención, Jiménez Barrios ha hecho hincapié en que la norma andaluza de transparencia “está hecha para los ciudadanos y ciudadanas”, a los que les “otorga más poder y una mayor posibilidad de control de todo lo público”. En este sentido, ha subrayado que la ciudadanía “podrá evaluar y saber qué se hace con su dinero y a qué va destinado hasta el último céntimo de los fondos públicos, sean gestionados por la Administración, o por cualquier otra entidad a la que se le otorgue una subvención o se financie a través de estos fondos”.

En este sentido, ha valorado que, con la ley de Transparencia, “se abre un nuevo tiempo en la forma de relacionarnos entre administraciones y administrados” y, por este motivo, ha señalado que “todos tenemos que adaptarnos a un cambio de cultura, de actitud y asumir la cultura de la transparencia, que debe llegar hasta el último rincón”.

Por eso, ha recordado que la norma andaluza no sólo afecta a las administraciones, empresas y fundaciones públicas, sino que estarán obligados a suministrar información los adjudicatarios de contratos del sector público; los beneficiarios de subvenciones; las entidades sin ánimo de lucro –como partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, ONGs y otras- que reciban ayudas o subvenciones; las empresas y entidades que concierten con la Administración para la prestación de servicios de educación, sanidad o servicios sociales, y las empresas privadas que gestionan servicios públicos municipales

Asimismo, ha subrayado también que la ley afecta a las universidades, al Consejo Económico y Social (CES) y al Consejo Consultivo, además del Parlamento, la Cámara de Cuentas y el Defensor del Pueblo, en su parte administrativa.

Para el consejero, el último fin de esta norma es “abrir la Administración de par en par y hacer que todo lo público sea transparente”. En este sentido, ha señalado que la transparencia “genera confianza y es, además, el mayor aval de lo público, de las políticas públicas”.

Régimen sancionador

Otro de los aspectos que ha destacado el consejero de la norma es el régimen sancionador, que responde a “una demanda ciudadana ampliamente planteada”. Según ha explicado, la ley estipula consecuencias de su incumplimiento y, en función de la gravedad de la infracción, las sanciones pueden ir “desde el cese de la autoridad responsable del incumplimiento o a multas de hasta 400.000 euros”.

Finalmente, Jiménez Barrios ha destacado que la ley andaluza es “más avanzada y completa” que la nacional y, entre las muchas cuestiones que las diferencian, ha citado el Consejo de la Transparencia, que velará por el cumplimiento de la Ley, cuyo director “será elegido por el Parlamento, garantizado así su carácter independiente, a diferencia de lo que establece la ley nacional, en la que el director del Consejo lo elige directamente el Gobierno”.

Jiménez Barrios ha concluido que la ley “está a punto de iniciar su trámite parlamentario y, con ella, marcaremos un nuevo hito en el camino que siempre hemos recorrido en Andalucía en cuestión de transparencia y que ha situado a nuestra comunidad como una de las más valoradas en ranking internacionales”.

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